Sunday, March 06, 2005

Avances en Desarrollo Rural

(Análisis)



El principal aporte de la Misión Rural dirigida por Rafael Echeverri (la primera fue la de Chucho Bejarano), consistió en ampliar la visión de lo rural. No solamente incorporó en ella la tecnología, como lo hizo Bejarano, sino que exploró otras variables, como la ambiental, la diversidad de la pobreza, la falta de participación del campesino, la discriminación de género, la violencia y su efecto destructivo del tejido social. La parte floja de la Misión fue el poco interés por las limitaciones del Estado para adelantar las políticas de desarrollo rural.

Para la Misión Rural, el Estado no es un ente histórico, que progresa o retrocede, sino una entelequia estática capaz de todo, a la que se le asignan funciones sin cuento (desarrollar programas de reconversión, organizar a los pequeños productores, crear microempresas, incorporar masivamente a la mujer, etc.) sin importar las condiciones del sector público en cuanto a organización y claridad conceptual para hacerlo. El Estado es otra caja negra en la ingeniería social de los autores.

Pero, pese al unanimismo que parece vindicar para sus argumentos y conclusiones (recurriendo a la expresión neutral “se revela”, “se evidencia”, “se agotó el modelo tal”), existe en el sector agropecuario una notoria ausencia de crítica –que no es acuerdo– sobre los múltiples aspectos que constituyen la ruralidad y en particular sobre la capacidad de los organismos del Estado para afrontar el fomento del desarrollo rural. El problema del desarrollo tecnológico sirve para ilustrar esas limitaciones.

La tecnología como factor de producción

Hace mucho se reconoce en la tecnología otro componente de la función de producción, junto con el capital y el trabajo, pero el acelerado desarrollo científico y tecnológico ha incrementado el peso relativo del conocimiento en la determinación del producto social; esto llevó a Álvaro Balcázar a apresurarse a declarar clausurado el problema de la reforma agraria dado que, para él, la tierra prácticamente ya no importa en la función de producción ni en distribución social del ingreso.

Pero los procesos sociales no se resuelven por ecuaciones. Reconocer la evidencia de que el conocimiento cuenta cada vez más como generador de ingresos no justifica soslayar la importancia de la dotación de recursos como tierra y capital en el desarrollo rural, y por tanto, no es un argumento que sirva para archivar definitivamente el análisis de los problemas relativos a estos factores y sus posibles soluciones. Sirve, sí, para abandonar los esquemas de la vieja izquierda, cuya capacidad explicativa –que se agota en la recitación del dogma– resulta insuficiente para tratar con la diversidad y la complejidad propias del desarrollo del campo. Validar la importancia del conocimiento sirve para utilizar las posibilidades de la tecnología como instrumento clave de política económica en la generación de equidad y en la reducción de la pobreza. Cabe aquí la doble concepción de las tecnologías: las duras o materializadas en recursos genéticos, equipos o procesos productivos, y las blandas, en el dominio de la información que permite aprovechar oportunidades en los mercados y potencialidades en organización, mercadeo, etc.

El desarrollo tecnológico emerge de la acción de múltiples agentes sociales independientes, pero relacionados en una cadena de funciones indisolubles como un todo: las de generación del conocimiento, las de aplicación del conocimiento en tecnología –que es diseño y control de procesos– las de transferencia, las de adopción y escalamiento de esas tecnologías en la práctica social. ¿Tienen los organismos del Estado la capacidad técnica y la claridad conceptual necesarias para intervenir de forma eficaz en procesos tan complejos como el sistema científico – tecnológico?

Los cambios introducidos desde la década de los 90 en la institucionalidad pública han significado una pérdida efectiva en la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Cada gobierno remodela a su acomodo las entidades públicas, urgido más por el acoso de Minhacienda que por una visión sectorial, generando tal debilidad en las entidades públicas y en sus equipos que para las cosas más nimias tienen que recurrir a la nómina paralela. Por esa vía no se genera aprendizaje institucional (cada consultoría ignora la anterior, cada nueva rosca descarta lo existente), no se validan los aciertos, no se consolidan rumbos y la gestión pública es cada vez más pobre en campos especializados.

Pronatta: la pera que dio el olmo

Nacido en 1995 con un empréstito del Banco Mundial, regido por un contrato y vigilado estrictamente por el Banco, el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria surgió hace tres gobiernos y concluyó de forma exitosa: 159 mil pequeños productores beneficiados, 51.000 familias adoptantes de los cambios tecnológicos, cuyos ingresos anuales aumentaron en $4.259.000 cada una; el aumento anual del empleo se estimó en 4 millones de jornales, de acuerdo con la evaluación de impacto. El valor de los proyectos fue del orden de los 90.600 millones de pesos, de los cuales el Pronatta financió el 54% y el resto, las entidades ejecutoras.

El Programa recibió reconocimiento internacional a su eficiencia y transparencia, y una distinción de parte de la Gestión Pública. Teniendo en cuenta lo complejo del desarrollo tecnológico y del desarrollo rural, cabría decir, como el campesino, que ese éxito es más raro que parto’e mula. ¿Cómo fue posible?

La financiación pública del desarrollo tecnológico

Para la financiación del desarrollo tecnológico agropecuario se tiene que definir quién financia qué; cuánto asignar a cada rubro de investigación básica, aplicada, transferencia tecnológica, adaptación, adopción; cómo hacerlo: ¿A dedo? ¿Por recomendación de las jerarquías? ¿A buen criterio del funcionario que hace mucho dejó de leer? Y con qué criterio: regional, racial, temático, productivo, ambiental, de género… En realidad, nadie se parte la cabeza por eso: se resuelve sobre la marcha y según los vaivenes de los centros de decisión. ¿Y qué queda del desarrollo tecnológico? ¿Qué del desarrollo rural?

Estas preocupaciones rondan también a algunos miembros del Banco Mundial, que vienen impulsando la modalidad de fondos a los cuales van los distintos agentes del sistema tecnológico para concursar por donaciones que financien sus proyectos, bajo reglas de juego claras y conocidas, con la intervención de grupos plurales de evaluación, con supervisión técnica en cada fase del proceso. El Pronatta, cuyos resultados presentó a la comunidad en junio pasado, fue el proyecto piloto de esa modalidad en Colombia.

En un proceso de evolución que aún está por analizar y documentar de manera rigurosa y sistemática, porque hay que aprender del pasado, el programa vinculó en su operación a la comunidad científico – tecnológica del sector agroindustrial, incluidos los productores de las distintas fases de las cadenas productivas, los generadores y transferidores de tecnologías, la comunidad académica y los centros de investigación públicos y privados, en una dinámica funcional y transparente que no lograron manipular de forma significativa las burocracias oficiales.

El esquema operativo del Pronatta no solamente sirvió para resolver problemas tecnológicos de los pequeños campesinos: dio participación a las regiones, permitió explorar tecnologías ambientalmente sostenibles, vinculó a la comunidad tecnológica, y, si se generaliza, puede constituir un cambio definitivo en la manera de asignar los recursos públicos y una solución para muchas de las deficiencias de los organismos del Estado.

No ignoro que en nuestra cultura colombiana gusta más la crítica cuando de ella resultan denuncias de las graves fallas de nuestra organización social que cuando revela los procesos exitosos que abren brecha hacia una sociedad mejor. Pero el haber conocido de cerca el caso que hace de colofón de este artículo y el tener la convicción de que es preciso urdir mejor el tejido social haciendo conciencia de los valores que sostienen nuestra esperanza son razones que me mueven a divulgarlo y a decir del mérito que tuvieron sus dos coordinadores, José Luis Gómez, que tuvo a su cargo la conformación y el despegue, y Luis Ernesto Villegas, que lo condujo desde su consolidación hasta la etapa final, con inteligencia y valor para defenderlo de los intentos que hubo de acabarlo y de manipularlo, y lo hizo con tal altura y rectitud que se ganó el respeto de unos y otros. Y del apoyo estratégico que recibió de un aliado que tienen los campesinos colombianos en el Banco Mundial, y que conoce el país mejor que muchos de nosotros: Matthew McMahon.

Es con el mismo criterio testimonial que me he animado a publicar en esta página algunas de las crónicas que escribí en mi contacto con las realidades que describo, y lo hago con la sincera intención de contribuir a la reflexión sobre esa compleja realidad que es el desarrollo rural.

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